Armstrong, con nueva matriz energética

Ubicada a 98 kilómetros de la ciudad de Rosario, la localidad santafesina de Armstrong dio un paso significativo hacia el consumo sustentable de energía. Con equipos inalámbricos instalados en mil domicilios de la ciudad, que posee 11 mil habitantes, pueden monitorear el servicio eléctrico local y obtener información de manera remota para determinar la calidad de la prestación, la curva de carga de los usuarios, las diferentes condiciones de la red o las características del consumo de cada residencia.
 
El proyecto contó con un aporte de $14.419.880 realizado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia, en el marco de la convocatoria “Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS) Energía – Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE) 2013”, administrada por el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). A su vez, fue posible gracias al trabajo mancomunado de un consorcio público-privado entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito Ltda. (CELAR), con apoyo de la Secretaría de Energía provincial y CAMMESA. Desde este consorcio se aportó el 48 % restante de los montos requeridos para la obra, por un total de $28 millones.   
 
Con el subsidio del FONARSEC ya comenzaron a montarse las instalaciones de generación. “El proyecto tuvo varios enfoques, primero el alcance poblacional; la reducción de gases de efecto invernadero (GEI); el impacto técnico y la posibilidad de analizar la potencia de nuestras redes, algo que surgirá a medida que avance”, explicó el jefe de la Oficina Técnica de CELAR, Gustavo Airasca. “En Argentina, el 60 % de generación eléctrica se hace quemando combustible, el 40 % hidráulico. Nosotros estaríamos en el segundo grupo porque emitimos cero GEI. Esto significa 200 kiloWatt (kW) menos en la red”, reflexionó Airasca. Debido a su escala, el proyecto alcanzaría un aporte del 3 % sobre el consumo de la ciudad, por medio del ensamblaje de una planta de piso fotovoltaica de 200 kW, 60 techos solares en viviendas y 10 pequeñas turbinas eólicas, que estarán activas a fin de año.
 
“Pretendemos indagar en los impactos técnicos, sociales, ambientales y económicos”, expresó Pablo Bertinat, ingeniero y docente de la UTN, a cargo de la iniciativa quien consideró que la importancia de esta experiencia radica “en el esfuerzo por impulsar un modelo de generación que ya no es centralizada, sino distribuida y que opera en los niveles de baja y media tensión a partir de energía solar y eólica”.
 
El plan financiado por el Ministerio de Ciencia consta de cuatro ejes: el primero es la construcción del sistema de generación distribuida. El segundo comprende los estudios y ensayos en función del primero (donde no sólo intervienen aspectos técnicos, sino también cuestiones normativas, regulatorias y económicas). El tercer eje apunta a la posibilidad de replicar la experiencia en otras cooperativas análogas, a partir del know-how generado. Por último, el cuarto eje está enfocado en aspectos sociales referidos a la participación ciudadana y la concientización cívica en torno al uso racional de la energía y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales para generar electricidad.
 
REFORMULACIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA

La decisión de impulsar proyectos sustentables se enmarcan en la política energética nacional en la búsqueda de ampliar la matriz energética.

En mayo último, el Gobierno Nacional lanzó el Programa RenovAr para la contratación de 1.000 megavatios de electricidad procedente de fuentes renovables, con el objetivo de reemplazar combustibles fósiles por energías limpias. La matriz planteada por el Poder Ejecutivo se divide en 600 megavatios eólicos, 300 megavatios solares, 65 megavatios de biomasa, 20 megavatios de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y 15 megavatios de biogás.

De acuerdo con la cartera de Energía y Minería, esta medida le significará al país un ahorro aproximado de US$ 300 millones al año en importación de combustibles para generación eléctrica.